La triada sigue desangrando la credibilidad bancaria del Principado

Mucho se ha escrito a nivel mundial sobre la ilegal intervención de BPA, analizando la forma sin ver el fondo del asunto: una “conspiración” maquiavélica entre el presidente de la Agencia Estatal de Resolución de Entidades Bancarias (AREB), Albert Hinojosa y el Gobierno Andorrano a través de la Asociación de Bancos de Andorra, quienes habrían pactado una línea de crédito para que las empresas afectadas por el caso pudieran operar tras el bloqueo de sus cuentas y asegurar el funcionamiento del día a día hasta que se resuelva la situación, lo que no ha ocurrido desde hace dos años.

Miles de clientes extranjeros siguen denunciando que estas entidades continúan retrasando deliberadamente los traspasos de cuentas millonarias, aprovechando el nuevo intercambio de información bancaria que entró en vigor en enero de este año, lo que ha orillado a muchos clientes, ante la impotencia y la desesperación, a donar o abandonar sus fondos, para no correr el riesgo de graves represalias por parte de las autoridades tributarias de sus respectivos países. A esta incertidumbre, que ocupa a los españoles, se suma los tratados de intercambio fiscal que firmaron no hace mucho España y Andorra y que se pondrán en práctica a partir de 2018.

Esta triada sigue desangrando la credibilidad bancaria del Principado que en dos años no ha podido reconstruir su reputación, como lo que fue, un gran centro financiero europeo; su falta de responsabilidad e ineptitud, tampoco han podido evitar que la crisis en que se encuentra sumida la entidad bancaria contamine a otros sectores económicos.

Por otro lado, el fondo buitre estadounidense J.C. Flowers, no ha podido convertir a Vall Banc en un referente en el sector. Sus actuaciones, que siempre fueron de manera precipitada y sin justificación jurídica, originaron a sus empleados, clientes y accionistas, graves daños y perjuicios que conllevan violaciones de derechos garantizados por la ley, y por lo cual aún pueden reclamar indemnizaciones.

Muchos clientes que otorgaron la confianza al banco, para hacerse de sus servicios normales, resultaron víctimas colaterales; quedaron atrapados con los sospechosos cuando Andorra intervino la entidad en marzo de 2015. Asimismo, la incapacidad y su mala praxis del ministro Jordi Cinca, en el ejercicio de sus funciones como autoridad, generaron alarma social y comprometieron la estabilidad del banco y del resto del sistema financiero andorrano.

La supuesta intervención, liquidación y posterior venta de BPA a una empresa extranjera, para que siguiera funcionando bajo otro nombre y salvar los ahorros de los clientes y los empleos de los trabajadores, fue una farsa, porque la mayoría, siguen haciendo colas en las oficinas de Vall Banc y viviendo una situación de incertidumbre sobre sus fondos a los cuales el gobierno limitó los retiros a 2 mil 500 euros a la semana por cuenta. Algunos de ellos, tuvieron que recurrir a los ahorros de familiares en otras entidades para afrontar sus gastos, como pagar la hipoteca.

Aunque nunca se detectó que BPA, en su catálogo de productos, ofreciese públicamente estructuras de blanqueo de capitales, según reconoció públicamente César Goyache, consejero delegado de la AREB, organismo creado a imagen del FROB español para gestionar la crisis.

Fue la AREB quien aprobó el traspaso de los activos de BPA que estaban fuera de sospecha a la nueva entidad, Vall Banc, que nació con 30 millones de capital y otros 70 millones de euros en bonos contingentes convertibles (conocidos como cocos, en la jerga española) el 11 de mayo del 2016. También puso en marcha mecanismos ilegales para impedir una fuga masiva de clientes, a quienes les prometieron recuperar su dinero paulatinamente durante un periodo de seis meses, lo que no ha ocurrido a la fecha, pues lo único que les interesaba era mantener a los clientes, a quienes nunca les dieron garantía, para que el banco no sufriera un problema de liquidez.

Aunque en tan solo cuatro días se hizo el traspaso efectivo del dinero de cerca de 28 mil clientes; en tanto otros 923, mayormente extranjeros y con saldos de cuentas sumamente altos, quedaron congelados y a pesar de quedar aclarado que no tenían relación con el supuesto blanqueo de capitales, a la fecha siguen enfrentando trabas burocráticas por parte del Gobierno Andorrano.