Las consecuencias de esta vergonzosa farsa ponen hoy al Principado en una paradoja

Indiscutiblemente el escándalo de la Banca Privada d’Andorra (BPA) tuvo un “modus operandi” que involucró a jueces y fiscales que en su momento se plegaron al servicio del poder político y económico, lo que ha quedado al descubierto con la reciente declaración de Rafael Pallardó, empresario y abogado detenido en España por su implicación en la supuesta red de blanqueo de capitales de la mafia china y principal testigo de cargo contra los antiguos gestores de la extinta banca andorrana.

Pallardó lanzó la bomba hace unos días cuando se desdijo de sus acusaciones formuladas en marzo del 2015 ante la Fiscalía Anticorrupción española en el marco de una comisión instada por la Justicia andorrana. En España, y en aquél día, dio cuenta de las sospechosas operaciones de “compensación” que llevó a cabo con el entonces consejero delegado del banco Joan Pau Miquel.

El empresario compareció ante la Policía andorrana para dar detalles de la supuesta mecánica de blanqueo de capitales urdida desde el banco y aportó fechas, importes, números de cuenta y datos personales de quienes participaron en esa supuesta trama. Entre ellos, de Joan Pau Miquel, consejero delegado de BPA, quien fue detenido, interrogado y encarcelado durante casi dos años sin derecho a fianza. Al caerse el caso, Joan Pau fue absuelto por las autoridades a principios de este año.

En esta trama de mentiras y simulaciones, Pallardó es el gran delator, el testigo clave sobre el que se cimentó la investigación que desembocó en la intervención de BPA por parte del Gobierno del Principado. Sorprendentemente después de transcurrir más de dos años, el delator se desdijo en un escrito presentado ante la Sección de Instrucción Especializada 1 de los juzgados de Andorra el pasado 15 de marzo, donde afirma que la declaración ante la Policía andorrana en marzo de 2015 y las formuladas ante la juez en fechas 2 y 6 de junio de ese mismo año, fueron inducidas por los agentes. “No subí voluntariamente a Andorra, sino que fue mi abogado quien me manifestó ocho días antes que tenía que declarar ante la Policía andorrana”, habría confesado en el documento.

Su actuación en Andorra estaba perfectamente instrumentalizada para justificar y motivar, al menos parcialmente, con posterioridad, la intervención de BPA. Es decir, no fue más que una “marioneta” utilizada por la Fiscalía y por el Juzgado para denunciar supuestas prácticas ilegales (ahora desmentidas) de algunos directivos de BPA, que a la postre permitió la intervención de la entidad bancaria. Incluso insinuó amenazas del Fiscal General de Andorra, Alfons Alberca.

Este escrito de Pallardó, fue presentado por el letrado Valentí Martí Castanyer en Andorra, donde ha causado un gran revuelo que ha alcanzado los cimientos de la misma Audiencia Nacional.

Las consecuencias -penales, administrativas y económicas-, de esta vergonzosa farsa ponen hoy al Principado en una paradoja; la disolución definitiva por quiebra de la banca andorrana dejó un largo reguero de contenciosos vía judicial: desde las responsabilidades – dentro y fuera del país pirenaico- de los antiguos propietarios y directivos de la Banca Privada, a las reclamaciones de los hermanos Cierco, así como los miles de clientes que se agruparon para reclamar el resarcimiento de daños y perjuicios que por justo derecho les corresponde, y colateralmente los trabajadores que no acaban de ser garantizado el respeto a sus fondos de pensiones acumulados en el banco anterior, entre otras “facturas” que los nuevos dueños de Vall Banc se niegan a pagar.

Ante la escasa confianza que genera hoy el Principado como plaza financiera internacional después de que estallase el escándalo de BPA, el ministro de Finanzas, Jordi Cinca, ha propuesto en una maniobra desesperada, un plan estratégico para el sector financiero este 2017, al comparecer ante la Comisión Especial de Vigilancia y Prevención de Riesgo para la Estabilidad Financiera.

Pero el presidente del grupo parlamentario liberal José Pintado, le responde desde el otro lado y atiza más el fuego: el Gobierno tardíamente comienza a “reflexionar” sobre los objetivos que se marcaron cuando se creó la Comisión, concretamente, la creación de un banco central andorrano y participar en el banco de pagos e ingresar en el Fondo Monetario Internacional (FMI). Algo que ve muy complicado por el desprestigio provocado por el mismo gobierno del Principado.