Escándalo Económico de la BPA sigue más vivo que nunca…

El escándalo económico de la Banca Privada de Andorra (BPA) sigue más vivo que nunca, aunque el Gobierno quiera pasar página evitando seguir hablando del caso. La realidad es que hay tal desconfianza que los gestores de la Banca andorrana no saben qué hacer ante las masivas demandas de clientes que tienen sus ahorros traspasados de la BPA a la nueva entidad financiera VallBanc – y hay miles que no han podido hacerlo – y que quieren retirarlos por seguridad y por el temor de perder sus capitales.

En estos últimos días se ha desbordado un movimiento de personas más grande de lo habitual en las oficinas de la nueva entidad, registrándose colas, principalmente de extranjeros, que pretenden sacar el máximo de los depósitos disponibles, tomando en  cuenta que en el primer traspaso, migraron al nuevo banco el 92% de los clientes de la BPA, entidad que busca infructuosamente superar el escándalo internacional por defraudar a miles de ahorradores, con la promesa siempre incumplida de traspasar los capitales a VallBanc y regresar los fondos de los inversores afectados.

En el último traspaso, sólo se depositó el 20% de la liquidación total con un máximo de 25 mil euros y un mínimo de 15 mil euros. El resto del dinero inexplicablemente no ha podido estar a disposición del cliente. Lo inadmisible es que los clientes del primer traspaso ya pueden disponer del cien por ciento de sus saldos, al haberse acabado las restricciones, sin embargo, las cuentas restantes siguen “congeladas” sin que los clientes tengan la mínima oportunidad de recuperar sus ahorros que presuntamente se encuentran en VallBanc. Recordamos que, en el primer traspaso de clientes, incluyeron únicamente los andorranos con ahorros mínimos.

Ejecutivos bancarios y autoridades del Gobierno andorrano han mentido siempre; a pesar que toda la información requerida se entregó en su momento a los auditores responsables de PricewaterhouseCoopers (PwC), y toda la documentación ha sido revisada y clasificada, negligentemente los nuevos funcionarios de VallBanc todavía no dan algunas respuestas.

A su vez la Agencia de Resolución de Entidades Bancarias (AREB) y los directivos claves de VallBanc, a pesar de que se han identificado nuevos clientes como traspasables, se ha negado rotundamente a realizarlo, aunque libraron el proceso de revisión. Hasta ahora un 7% de los clientes de la BPA no han sido traspasados a Vall Banc, al ser validadas con la información requerida, pero por negligencia no han procedido.

Más propio de una caja rural que de un banco con perfil internacional, VallBanc la empresa que ahora tutela el fondo buitre J.C. Flowers, está formada de una plantilla de 140 empleados de un total de 235 con que contaba la Banca Privada de Andorra en el momento de su intervención, el 10 de marzo de 2015.  De estos, solamente se asignaron una docena para acabar de hacer el traspaso de productos a la nueva empresa.

Solo así se entiende que persista la ineficiencia y el burocratismo en casi dos años que ha durado el proceso, que siempre ha olido a estafa. Mientras tanto los clientes de VallBanc siguen sin poder acceder a sus ahorros en dólares y sin poder vender sus inversiones en acciones. Esto se suma a las limitaciones de disponibilidad de los depósitos que prohíbe a sus clientes disponer de más de 250 mil euros en efectivo antes de fin de año y de transferir dinero fuera de países de la OCDE.

Pese a que ya se ha vendido VallBanc – los activos buenos segregados de BPA – al fondo buitre J.C. Flowers, aún hay más de 2 mil clientes de todo tipo que se han quedado en un limbo legal y sin margen operativo. Varios de los afectados ya están reclamando responsabilidades y daños y perjuicios por tales hechos.

La situación se podría agravar a partir del 1 de enero del 2017 cuando Andorra deba entregar a las haciendas de otros países los datos de las cuentas de los clientes extranjeros de la entidad bancaria.  La aparición de Andorra en la lista previa de paraísos fiscales puso presión sobre el Consejo General para enmendar el proyecto de ley que debe aprobarse antes del 31 de diciembre y aplique todo el intercambio automático de datos a partir del año próximo sin la excepción para los saldos de menos de un millón de euros (según normativas mundiales la fecha se establece en el 1 de enero del 2019, si no se llega a dicha cantidad). También existe la posibilidad que el Principado deje al margen de la fiscalización aquellas cuentas que no superen los 45 mil euros, solo si se adquieren en forma de bonos estatales, lo que sería un descarado chantaje fiscal ante las normativas financieras mundiales.

Para el desprestigio de la banca andorrana, la asesoría y el supuesto liderazgo que ejercen los funcionarios actuales entre otros Jaume Casals y Alexandre Saura, no ayuda en nada a las empresas ni al gobierno de Andorra, por la ineptitud y falta de capacidad de estos personajes que se han vuelto expertos en fraguar tácticas demoratorias que entorpecen el proceso para que los clientes recuperen su dinero.