Todas las víctimas coinciden en haber vivido la misma pesadilla…

Mucha gente ha quedado atrapada en las redes de la trama de la Banca Privada de Andorra (BPA), donde mantienen sus cuentas personales y de sus negocios; cuando optaron por resguardar sus capitales en esta desacreditada institución, no tenían ni la menor idea de lo que podía sucederles y literalmente, se les cayó el mundo encima.

Hay muchas historias, muchos testimonios, algunos con nombres y apellidos, y todas las víctimas coinciden en haber vivido la misma pesadilla, perjudicados por malas praxis de esta entidad. Otro tanto que tenían nómina domiciliada en BPA, desde hace casi dos años no ha podido sacar un solo euro. Los más perjudicados fueron los que tenían más de 100 mil euros en fondos de inversión, que no han recuperado todo su dinero, perdiendo valor con el paso del tiempo.

Ésta es la verdad sobre unos personajes de BPA que han hecho, han consentido, han alentado y han escondido prácticas que el mundo financiero aborrece. Unos sinvergüenzas que, con sus tejemanejes, pusieron en entredicho el nombre, el prestigio y la credibilidad de todo un país, y llevaron a la desgracia a miles de familias, muchas honradas y trabajadoras.

Carlos Cones, afectado por la liquidación del Banco Madrid, tardó casi ocho meses en recuperar los 50 mil euros invertidos en dicha entidad. Él es tan solo uno de los 16 mil clientes que hace casi dos años vieron como en solo 72 horas su entidad se vino abajo.

Pero veinte meses después, persisten las dudas sobre los motivos reales de la intervención de BPA y Banco Madrid, la cual según especialistas, fue desproporcionada, y creen que las 29 operaciones fraudulentas, nunca debió ser motivo suficiente para una medida tan drástica como liquidar una entidad con 5 mil millones en fondos, 300 empleados y 25 oficinas.

A pesar que Estados Unidos retiró desde hace mucho tiempo la acusación contra BPA, de blanquear dinero para organizaciones criminales, sospechosamente la Fiscalía ya no investiga a los directivos. La jueza andorrana Canólic Mingorance, instructora del caso de BPA, ha imputado a 23 ex directivos y ex gestores de esta entidad por presunto blanqueo de capitales. De estos imputados, por lo menos 14 ya estaban procesados en la causa principal del caso y que las presuntas prácticas de blanqueo por las que se los señala en relación a la empresa Redder son las ya conocidas compensaciones, por las que ya se encontraban señalados.

A su vez los hermanos Higini y Ramón Cierco, accionistas propietarios de la BPA, presentaron el pasado 26 de noviembre una demanda contra el Gobierno andorrano, el Instituto Nacional Andorrano de Finanzas (INAF) y la Agencia Estatal de Resolución de Entidades Bancarias (AREB) centrada en los daños y perjuicios causados por el bloqueo que sufren sus cuentas en la BPA.

Se trata, de una demanda de 53 páginas presentada por las sociedades de los Cierco y sus accionistas, que reclama los importes que suman los fondos y los títulos que tenían las cuentas cuando la BPA fue intervenida en marzo de 2015. Sus argumentos se fundamentan en que no se valoró la solvencia de la BPA durante el proceso de resolución impulsado por el Gobierno. Tampoco la expropiación estaba justificada.

A esta querella contra el Estado andorrano, se suma la más reciente, la del ex consejero delegado de la entidad, Joan Pau Miquel, que aún permanece en prisión provisional.

Pau Miquel reclama 17,8 millones de euros, un importe equivalente al valor de las acciones que poseía (el 3,6%) cuando este banco fue intervenido. El ex directivo sostiene que estas participaciones no valen nada por culpa del Gobierno andorrano, del Instituto Nacional Andorrano de Finanzas (INAF) y de la Agencia de Reestructuración de Entidades Bancarias (AREB). También quiere ser resarcido por daños morales sufridos por el caso BPA y pide una indemnización por despido improcedente.

En esta trama podrida, a la banca andorrana, que está controlada por las familias más pudientes del principado, se le acabaron sus artes para seducir a las grandes fortunas, ya que su principal activo, la discreción, ha quedado en entredicho al no garantizar hoy por hoy el anonimato de sus clientes.